- Muchos permanecen en la cárcel porque no cuentan con recursos ni una defensa adecuada, se argumenta
Chilpancingo, Gro., 31 de marzo de 2026.- La Comisión de
Seguridad Pública analiza un punto de acuerdo presentado por el
diputado Edgar Ventura de la Cruz, mediante el cual se exhorta al
Instituto Federal de Defensoría Pública a promover libertades
anticipadas, la gestión de fianzas o la aplicación de la amnistía en
favor de personas pertenecientes a pueblos originarios y
afromexicanos, con el objetivo de que puedan recuperar su libertad e
incorporarse a la sociedad.
Al exponer los alcances de la propuesta, el legislador subrayó que
esta medida busca garantizar el acceso efectivo a la justicia,
especialmente para personas en condición de vulnerabilidad que
carecen de una defensa adecuada. Indicó que, de acuerdo con datos
nacionales, más del 40 por ciento de las personas privadas de la
libertad no cuenta con una defensa legal efectiva, lo que retrasa los
procesos y limita el acceso a beneficios preliberacionales.
Asimismo, destacó que Guerrero cuenta con una importante población
indígena. Según datos del INEGI, el 13.5 por ciento de la población
pertenece a un pueblo originario, mientras que el 9.5 por ciento se
reconoce como afromexicana. Entre los principales grupos se
encuentran los nahuas, mixtecos, tlapanecos y amuzgos,
concentrados principalmente en las regiones de la Montaña y Costa
Chica.
En ese sentido, enfatizó la necesidad de exhortar al Instituto Federal
de Defensoría Pública, ya que muchas de estas personas enfrentan
procesos penales sin contar con recursos económicos suficientes, por
lo que dependen de los servicios de la defensoría pública.
Añadió que Guerrero cuenta con una Ley de Amnistía vigente, cuyo propósito es
otorgar la libertad a determinados sectores que cumplan con los
requisitos establecidos, por lo que resulta pertinente revisar si la
población indígena y afromexicana está siendo considerada dentro de
sus beneficios.
Edgar Ventura señaló que la promoción de libertades anticipadas
contribuye a despresurizar el sistema penitenciario y a garantizar que
quienes han cumplido con los requisitos legales puedan reintegrarse a
la sociedad, fortaleciendo un modelo de justicia más humano, eficiente
y con enfoque de derechos humanos.
Finalmente, reiteró que este exhorto busca consolidar un sistema de
justicia accesible y equitativo, en el que la defensa pública desempeñe
un papel fundamental para evitar que una persona permanezca
privada de su libertad más allá de lo que establece la ley.
